CONTROVERSIAS / REDACCIÓN
Ciudad de México, 6 de agosto de 2026.— La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves sobre la detención de Ángel “N”, a quien identifica como exgobernador de Guerrero, dentro de las investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
De acuerdo con el comunicado 511/26 de la institución, la orden de aprehensión fue cumplimentada este 6 de agosto en el Estado de México por los presuntos delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia.
La información difundida por la FGR corresponde a Ángel Aguirre Rivero, quien se desempeñaba como gobernador de Guerrero cuando ocurrieron los ataques y la desaparición de los normalistas durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala.
FGR señala presunta destrucción de evidencias
En un mensaje dirigido a las familias de los 43 estudiantes y a la sociedad mexicana, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó que un nuevo análisis de las actuaciones ministeriales permitió abrir líneas de investigación sobre la posible participación del entonces mandatario estatal.
El punto central de la nueva acusación se relaciona con las videograbaciones captadas por cámaras de seguridad instaladas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala.
Según la Fiscalía, las cámaras 12 y 15 habrían registrado al autobús Estrella de Oro número 1531, en el que viajaba un grupo de normalistas, cuando fue detenido por elementos policiacos la noche del 26 de septiembre de 2014.
En las primeras investigaciones se sostuvo que las grabaciones no existían debido a supuestas fallas técnicas. Sin embargo, la FGR afirma ahora que diligencias posteriores permitieron establecer que esa explicación era falsa.
Testigos señalan al exgobernador
La Fiscalía informó que en enero de 2026 una persona colaboradora declaró sobre la existencia de las videograbaciones y señaló a quien presuntamente las habría sustraído para entregarlas directamente al entonces gobernador.
Posteriormente, en mayo de este año, un segundo testigo protegido habría fortalecido esa línea de investigación.
Según la versión presentada este jueves por la fiscal Ernestina Godoy, este testigo declaró que Aguirre habría ordenado, durante una reunión con funcionarios de primer nivel de su administración, desaparecer evidencias relacionadas con los acontecimientos registrados en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
La FGR sostiene que cuenta con elementos para considerar que la presunta instrucción de ocultamiento habría sido girada directamente desde el Poder Ejecutivo estatal y que en ella habrían participado funcionarios de alto nivel.
La Fiscalía calificó el presunto ocultamiento de las grabaciones como una operación deliberada y no como una simple falla u omisión técnica.
Obtienen orden de aprehensión
Con estos elementos, el Ministerio Público adscrito a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa solicitó una orden de aprehensión contra el exgobernador.
La Fiscalía informó que el mandamiento judicial fue concedido y cumplimentado este jueves en el Estado de México, asegurando que la detención se realizó con respeto a sus derechos humanos.
Las imputaciones formuladas por la Fiscalía deberán ahora ser analizadas ante la autoridad judicial correspondiente. La existencia de una orden de aprehensión no implica una sentencia de culpabilidad, por lo que Aguirre deberá ser considerado inocente mientras no exista una resolución judicial definitiva en su contra.
Un nuevo giro en el caso Ayotzinapa
La detención representa un giro de gran relevancia en una investigación que permanece abierta casi 12 años después de la desaparición de los 43 normalistas.
Aguirre Rivero había rechazado anteriormente cualquier participación en la construcción u ocultamiento de información relacionada con el caso. En 2022 negó haber intervenido en reuniones para elaborar la denominada “verdad histórica” y manifestó su disposición a comparecer ante las autoridades cuando fuera requerido.
La FGR aseguró que mantendrá informadas a las madres y padres de los normalistas sobre los avances que permita hacer públicos el debido proceso y la secrecía de las investigaciones.
“No nos detendremos hasta conocer la verdad de los hechos”, afirmó la fiscal Ernestina Godoy en el mensaje difundido por la institución.
