POR ANGÉLICA ONTIVEROS
Chilpancingo, Gro., 19 de noviembre de 2026.- El exalcalde de Tlapa, Willy Reyes Ramos, anunció que acudirá a las instancias correspondientes para exigir al Estado una disculpa pública, luego de que la Fiscalía de Guerrero desistió de la acción penal en su contra por el homicidio del diputado federal Moisés Villanueva de la Luz y su asistente, Erick Estrada Vázquez, caso por el que permaneció sujeto a proceso durante más de 15 años.
En conferencia de prensa, Reyes Ramos responsabilizó al entonces procurador de Justicia de Guerrero, Alberto López Rosas, de fabricar la investigación que lo vinculó con el crimen y denunció presuntas irregularidades en la integración del expediente.
El exalcalde explicó que durante diez años revisó por cuenta propia los 30 tomos que integran la causa penal, con alrededor de 72 mil hojas, y aseguró que encontró más de 150 anomalías. Como sustento, presentó documentos y registros que, según dijo, contradicen las versiones oficiales sobre las detenciones y las declaraciones de algunos de los implicados.
Uno de los principales cuestionamientos se centró en la captura de Antonio Jiménez Chino, señalado como uno de los presuntos autores materiales del crimen. La entonces Procuraduría informó que fue detenido el 5 de octubre de 2011, a las 5:00 horas, en Tlapa. Sin embargo, Reyes Ramos exhibió una declaración en la que, según indicó, el propio detenido refirió que un grupo armado lo privó de la libertad el 2 de octubre, tres días antes de la fecha oficial.
También puso en duda la detención de Florencio Jiménez Chino, policía ministerial y tío de Antonio Jiménez, quien, de acuerdo con la versión oficial, fue capturado el 5 de octubre en el crucero de Tixtla. Los registros presentados por Reyes Ramos, dijo, ubican su detención un día antes, el 4 de octubre, en las oficinas de la Policía Ministerial de Chilpancingo.
El exalcalde agregó que estos casos se suman a otras anomalías en el procedimiento contra los cuatro implicados. De acuerdo con su exposición, tres fueron detenidos por instrucciones del Ministerio Público bajo el argumento de caso urgente, sin una orden judicial de aprehensión.
En cuanto a Francisco Flores Lorenzo, exdirector de la Policía Municipal de Tlapa, relató que agentes ministeriales lo sacaron de las instalaciones policiales de ese municipio y lo trasladaron a Chilpancingo en calidad de presentado.
Sobre este último, quien permanece preso por el mismo caso, Reyes Ramos mostró documentos en los que, aseguró, aparece el nombre de otra persona en declaraciones atribuidas al exmando policial. En particular, identificó referencias a Juan Miguel Martínez Plácido, lo que, a su juicio, evidencia el uso de formatos previamente elaborados.
Además, acusó que Flores Lorenzo fue torturado para obligarlo a firmar declaraciones ministeriales. Como respaldo, citó el testimonio de la esposa del exfuncionario, quien, según su relato, presenció las condiciones en que fue ingresado a las instalaciones ministeriales y escuchó las agresiones en su contra.
Otro elemento bajo cuestionamiento fue el reloj Bulova del diputado, incorporado como evidencia. Reyes Ramos advirtió una contradicción entre la fecha en que la Procuraduría aseguró que el objeto estaba en poder de uno de los detenidos y los registros sobre el momento de su recuperación.
El exalcalde reiteró que no tuvo responsabilidad en el homicidio del legislador federal y su asistente, quienes desaparecieron el 4 de septiembre de 2011 y cuyos cuerpos fueron localizados 13 días después, en las inmediaciones del municipio de Huamuxtitlán. También rechazó que el crimen tuviera un móvil político y expuso que, en su opinión, ocurrió durante el robo de una camioneta, aunque reconoció que carece de elementos para identificar a los autores intelectuales.
Reyes Ramos recordó que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa resolvió su caso el 24 de junio de 2026. Posteriormente, el 3 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el amparo directo en revisión promovido por la parte acusadora.
Tras estas determinaciones, adelantó que buscará una reparación institucional por los más de 15 años que enfrentó el proceso y reclamará al Estado, cuando menos, una disculpa pública.















