Proponen reforma para reforzar acciones contra la violencia escolar

La iniciativa plantea que escuelas revisen sus protocolos cada seis meses y fortalezcan la prevención, atención y canalización de casos de acoso y violencia.

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Chilpancingo, Gro., 18 de septiembre de 2026.- Para reforzar las acciones contra la violencia escolar, fortaleciendo a su vez la formación en derechos humanos entre niñas, niños y adolescentes, el diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón presentó una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Número 1256 para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar del Estado.

Al exponer los motivos de su propuesta, el legislador por Morena externó que la violencia y el acoso escolar vulneran derechos fundamentales y afectan el bienestar, la autoestima, el rendimiento académico y la permanencia de las y los estudiantes en las escuelas.

En ese tenor, informó que acuerdo con datos de la UNESCO, uno de cada tres estudiantes en el mundo ha reportado agresiones físicas al menos una vez durante el año, mientras que uno de cada tres es afectado por acoso cada mes, y uno de cada diez niños enfrenta ciberacoso.

Todas estas situaciones, subrayó, conllevan a que las víctimas presenten afectaciones emocionales, como soledad, insomnio y hasta hechos suicidas, lo que confirman los datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2022 del Inegi, que reportó que el 28 por ciento de las personas de 12 a 17 años que asistían a la escuela habían sido víctimas de acoso escolar.

Por lo anterior, el diputado propuso incorporar al artículo 2 del citado ordenamiento el concepto de “Protocolo de Actuación”, entendido como los lineamientos, procedimientos y acciones que deberán seguirse ante una situación de violencia dentro de las escuelas, que permita prevenir, atender, intervenir y canalizar de manera eficaz y coordinada a las víctimas.

De la misma forma, la iniciativa plantea añadir el artículo 21 Bis, para establecer responsabilidades de la comunidad escolar, a través de las direcciones de los planteles, con la participación de madres, padres de familia y tutores, quienes podrán proponer, difundir y revisar cada seis meses sus protocolos de actuación, canalizar los casos que requieran intervención de las autoridades y desarrollar periódicamente actividades para fortalecer la convivencia libre de violencia.

El documento fue turnado a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología para su análisis y dictaminación.