Por Igor Pettit
Acapulco, Gro., 05 de marzo de 2025.- El estado de Guerrero sigue ocupando el último lugar en el Índice de Estado de Derecho, reflejando un sistema de justicia deficiente donde el Ministerio Público (MP) juega un papel clave en la corrupción e impunidad. Aunque su función es investigar delitos y proteger a las víctimas, en la práctica revictimiza a quienes buscan justicia y favorece a los agresores. Un claro ejemplo de esto es el caso del periodista Emilio García Cárdenas.
El 17 de enero, Emilio, periodista con más de 30 años de trayectoria, ofreció alojamiento en su casa en Chilpancingo a su amigo Alejandro y su novia. Esa noche, Alejandro lo atacó brutalmente, dejándolo con 14 costillas rotas, fracturas en el rostro y cráneo, una severa lesión en el pie y la pérdida total de la visión en un ojo. La agresión solo se detuvo por la intervención de policías estatales, quienes detuvieron al agresor en el momento.
A pesar de la gravedad del ataque, el MP permitió que Alejandro quedara en libertad bajo caución debido a omisiones y negligencias en la integración del caso. Durante los primeros cuatro días, las autoridades no realizaron la entrevista a la víctima, lo que retrasó el proceso y generó incertidumbre sobre la impartición de justicia.
Mientras Emilio luchaba por su vida en el hospital, la Fiscalía de Guerrero abrió una nueva investigación en su contra. La novia de Alejandro lo acusó de violación, y con el testimonio del padre del agresor como supuesto testigo, el MP integró rápidamente una carpeta judicial. La intención era evidente: presionar a Emilio para negociar la pena de su atacante a cambio de no enfrentar una acusación aún más grave.
El 31 de enero, cuando Emilio fue dado de alta del Hospital del ISSSTE en Cuernavaca, policías ministeriales lo detuvieron sin previo aviso y lo trasladaron a la Fiscalía de Morelos, donde fue exhibido como delincuente ante los medios. Durante dos días sufrió tratos inhumanos: permaneció descalzo, con una delgada playera, sin medicamentos ni alimentos, y con dolores que se intensificaban debido a la falta de atención médica.
El 3 de febrero, un juez determinó su inocencia por falta de pruebas. La acusación carecía de elementos básicos, como la evidencia de violencia física en la supuesta violación, y el testigo clave ni siquiera se encontraba en la ciudad el día de los hechos. Sin embargo, el MP apeló la resolución, insistiendo en su culpabilidad sin fundamentos sólidos.
En cuanto a la agresión sufrida por Emilio, el proceso judicial avanzó con extrema lentitud. Tuvieron que pasar 40 días para que finalmente fuera llamado a rendir su declaración ministerial, y solo sucedió después de que él mismo lo solicitara a través de su abogado. Durante ese tiempo, la integración de pruebas quedó en el olvido.
Fue necesario que Emilio y su equipo legal reunieran por su cuenta los elementos para fortalecer la denuncia contra su agresor. Se integraron imágenes de sus lesiones, dictámenes forenses, expedientes clínicos y pruebas periciales que evidencian la brutalidad del ataque. Aun así, el MP continúa actuando con negligencia y favoreciendo al imputado.
El caso de Emilio García Cárdenas no es aislado, sino un reflejo de la corrupción sistemática dentro del sistema de justicia en Guerrero. Las irregularidades cometidas en su contra muestran cómo el MP opera con impunidad, criminalizando a las víctimas y protegiendo a los agresores.
Familiares, amigos y compañeros periodistas han manifestado su apoyo incondicional a Emilio y se mantienen en alerta para denunciar cualquier nueva arbitrariedad. Exigen un proceso justo y transparente, así como el fin de la impunidad que ha permitido que la corrupción en el sistema judicial siga intacta.
