Fuente: Crítica de Guerrero
Recientemente, la diputada Citlali Téllez Castillo protagonizó un episodio que, más allá de una disputa mediática, pone en evidencia la tensión entre el poder político y la libertad de expresión.
La legisladora, en un claro caso de inexperiencia política, amenazó con emprender acciones legales contra periodistas y plataformas informativas por la difusión de un video que ella misma había compartido en su cuenta personal de Facebook.
Es fundamental recordar que el simple acto de compartir contenido en redes sociales no puede, en principio, configurarse como un delito. En este caso, ni la propiedad del vehículo en el video ni las circunstancias que rodearon su difusión justifican una respuesta tan tajante como la que la diputada mostró en un primer momento.
Una simple aclaración sobre la no pertenencia del automóvil habría sido suficiente para despejar cualquier duda.
Sin embargo, la reacción inicial fue de confrontación y autoritarismo, orientada más a amenazar con castigar a quienes se atrevieron a cuestionarla que a aclarar los hechos.
Este incidente provocó una enérgica protesta en el Congreso local, donde comunicadores se manifestaron en contra de la postura adoptada por la legisladora.
La protesta tuvo lugar en la Sala José Francisco Ruiz Massieu, y posteriormente, en la Tribuna del Recinto Legislativo, donde los periodistas corearon consignas a favor de la libertad de expresión, defendiendo su derecho a informar sin temor a represalias.
El diputado Jesús Urióstegui García, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), asumió rápidamente una postura firme en defensa de los derechos de los periodistas.
Acompañado de la fracción de Morena, reafirmó su compromiso con la libertad de expresión y destacó la importancia de proteger los derechos humanos en cualquier circunstancia.
De manera contundente, el diputado Urióstegui aclaró que el Congreso no tenía ninguna relación laboral con un supuesto asistente de la diputada Téllez, quien habría amenazado a una periodista tras negarse a retirar una nota sobre el vehículo Cybertruck.
Con un mensaje de apertura y conciliación, Urióstegui propuso iniciar un diálogo con la diputada involucrada, con el fin de esclarecer la situación y garantizar que la libertad de expresión no fuera vulnerada desde el Congreso. Esta postura no solo refuerza la defensa de los derechos de los periodistas, sino que también subraya el compromiso de Jesús Urióstegui con la transparencia y la rendición de cuentas.
A lo largo de su intervención, el presidente de la JUCOPO reiteró la importancia de crear espacios de diálogo con los comunicadores, proponiendo la instalación de mesas de trabajo que permitan discutir los asuntos de interés común entre los periodistas y el Congreso.
Esta iniciativa apunta a fortalecer la relación entre los medios de comunicación y los actores políticos, a través de una comunicación más abierta y constructiva.
La diputada Téllez, por su parte, emitió posteriormente un comunicado en el que ofreció una disculpa pública a los periodistas.
