CONTROVERSIAS / REDACCIÓN
Chilpancingo, Gro., 6 de noviembre de 2026.— El Congreso del Estado de Guerrero aseguró que las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura registran un avance aproximado del 90 por ciento en la comprobación de recursos públicos, al tiempo que rechazó la autenticidad de un documento difundido por el periódico Reforma, en el que se señala que más de 188 millones de pesos permanecían pendientes de justificar durante los primeros ocho meses del año.
Mediante una nueva nota aclaratoria, el Poder Legislativo sostuvo que la información publicada está sustentada en un documento falso, sin firmas, sellos ni elementos de validación institucional, por lo que rechazó que pueda utilizarse como prueba de presuntas irregularidades administrativas o financieras.
La controversia surgió después de que Reforma publicara que, entre enero y agosto de 2026, legisladores de distintas fuerzas políticas recibieron 250 millones 866 mil 480 pesos para gastos de gestión, de los cuales 188 millones 511 mil 180 aparecían sin comprobar, según el concentrado financiero presentado por el diario.
Frente a estos señalamientos, el Congreso afirmó que los registros actuales muestran un panorama diferente, derivado de los cambios implementados en sus mecanismos administrativos y contables.
Congreso defiende nuevo sistema de comprobaciones
La institución explicó que, durante el proceso de entrega-recepción, se detectaron inconsistencias administrativas y financieras vinculadas con el sistema anteriormente utilizado, mediante el cual las comprobaciones se realizaban cada tres meses.
Para corregir esas deficiencias, señaló que se contrató a una empresa especializada para desarrollar un nuevo sistema que permite a los legisladores presentar mensualmente la documentación relacionada con el ejercicio de los recursos.
Según el Congreso, esta modificación ha permitido fortalecer los controles internos y alcanzar un avance aproximado del 90 por ciento en las comprobaciones.
Sin embargo, la nota aclaratoria no precisa el monto total al que corresponde ese porcentaje, la fecha exacta del corte ni presenta un desglose individual por legislador que permita contrastar los datos con las cantidades difundidas por Reforma.
Rechazan que existan pruebas de desvío de recursos
El Poder Legislativo también argumentó que el ejercicio fiscal comprende del 1 de enero al 31 de diciembre, por lo que consideró incorrecto presentar un corte correspondiente a agosto como si se tratara de una resolución definitiva sobre el cumplimiento de las obligaciones financieras.
Afirmó que los recursos pendientes de comprobar deben sujetarse a procesos administrativos de revisión y validación, sin que esa condición implique necesariamente desvío, desaparición o utilización indebida del dinero público.
Asimismo, sostuvo que el documento denominado Concentrado de Gastos por Comprobar Correspondiente al periodo del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2026 presenta alteraciones, particularmente en la colocación del logotipo institucional sobre un formato de Excel.
Aunque el Congreso desconoce la autenticidad del archivo, la controversia sobre las cifras publicadas continúa sin resolverse mediante una revisión independiente de los registros financieros.
Congreso señala imprecisiones sobre Jacko Badillo
Entre los errores que atribuye a la publicación, el Poder Legislativo destacó la fecha en la que Joaquín Jacko Badillo Escamilla asumió la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Precisó que el legislador rindió protesta a mediados de junio y no en mayo, como se señaló en el reportaje.
La institución consideró que esta imprecisión, sumada a las presuntas alteraciones del documento financiero, afecta la credibilidad de la información difundida.
Analizan posibles responsabilidades legales
El Congreso anunció que realiza una evaluación jurídica para determinar posibles responsabilidades administrativas y legales de quienes hayan participado en la elaboración, modificación o difusión de documentación que, según su versión, no corresponde con sus registros oficiales.
También cuestionó que un medio nacional publicara información basada en un archivo cuya autenticidad rechaza, sin verificar previamente su contenido con las instancias correspondientes.
Finalmente, el Poder Legislativo reiteró su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, además de llamar a medios de comunicación y ciudadanía a verificar la información relacionada con el manejo de recursos públicos.
El esclarecimiento de esta controversia dependerá de la presentación de registros financieros verificables que permitan conocer las cantidades entregadas, los montos efectivamente comprobados y los saldos pendientes de cada legislador.
Hasta ahora, el Congreso sostiene que registra un avance del 90 por ciento, mientras que la publicación periodística presenta cifras correspondientes a un corte anterior cuya autenticidad ha sido cuestionada por la institución.
